El gobierno cierra su gestión con un proyecto de ley que beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin medidas relevantes para hacer verdad y justicia en los más de 3 mil casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas por agentes del Estado.
Enviado al congreso a dos semanas del término del periodo legislativo el proyecto de ley será discutido durante el próximo gobierno. Su contenido y objetivos resultan contradictorios o ambiguos. Por una parte, se presenta el fin del indulto presidencial como un avance, pero ello no implica el término del beneficio; ahora, los condenados por crímenes de lesa humanidad podrán obtenerlo a través de los tribunales mediante una "colaboración eficaz" y el "arrepentimiento público".